La salud como un derecho: control a las prepagas

           Fue sancionada la ley que regula el funcionamiento de las empresas de medicina prepaga en la Argentina, cuya reglamentación era una deuda pendiente.

            Nuestro sistema de salud se divide en tres sectores organizados de acuerdo con su financiamiento:

·       El público, sostenido por el presupuesto estatal.

·       El Sistema de Seguridad Social sostenido por los aportes de empleados y empleadores, destinado a los trabajadores en relación de dependencia y a sus familias.

·       El privado, compuesto por instituciones que prestan servicios a personas particulares con capacidad de pago o a los afiliados a las Empresas de Medicina Prepaga (E.M.P.).

           Las E.M.P. surgen como tales en los 60’ y tienen su mayor crecimiento en los 90’. Son compañías destinadas a la salud, donde los asociados contratan voluntariamente un plan de cobertura, a cambio de pagar una cuota fija. Se caracterizan por establecer un período de carencia inmediatamente posterior a la afiliación en el cual hay beneficios que la persona no recibe.

           Existen 250 en el país, pero 5 concentran el 80% de los 4,5 millones de aportantes: OSDE, Swiss Medical, Galeno, Medicus y Omin.

           Puntos centrales de la ley

·         Las empresas deben cubrir el Programa Médico Obligatorio (PMO) establecido por el Ministerio de Salud y el Sistema de Prestaciones Básicas para discapacitados.

·     Los usuarios pueden rescindir en cualquier momento el contrato.

·     Quedan eliminados los períodos de carencia para las prestaciones incluidas en el PMO.

·     Las enfermedades preexistentes no pueden ser motivo de rechazo de admisión, ni la edad.

·     Para los mayores de 65 años la autoridad de aplicación (Ministerio de Salud) definirá el aumento de los costos, salvo que tengan 10 años de antigüedad. También fijará los aranceles mínimos.

Las empresas en contra

          Federico Díaz Mathe, director de la Cámara de Instituciones Médico Asistenciales se enfrentó a la ley diciendo: “de golpe aparecerá una cantidad de gente enferma que dice `me puedo asociar’ y, como los precios serán fijos, va a elegir a la compañía de más prestigio y la va a destruir. En el medio está el desfinanciamiento progresivo del sistema”.

Continúa diciendo que tanto los límites a los períodos de carencia como las preexistencias constituirían “el fin del sistema privado de salud”.

El presidente de la empresa Swiss Medical, Claudio Belocopitt, a quien los medios de comunicación, en defensa de los intereses de las corporaciones, se han encargado de convertir en el protagonista de los programas televisivos, dijo que “en estas condiciones, no tenemos posibilidades de funcionar”.  

Si bien no podrán rechazar usuarios por enfermedades preexistentes, sí podrán establecer las cuotas diferenciales producto de esa prevalencia, junto con la autoridad de aplicación, evitando ese posible desfinanciamiento.

            Además, la ley crea un “Consejo Permanente de Concertación”, donde las prepagas podrían justificar la necesidad de aumentos, a partir de información veraz, haciendo un análisis de los riesgos y no de la forma indiscriminada y arbitraria actual.

            Otra preocupación que tienen es que se terminarán los mercados cautivos, vale decir, aquellos mayores de edad que sufren el aumento indiscriminado de las cuotas y que no pueden irse a otras empresas prepagas puesto que por la preexistencia y la edad  no los aceptarían.

Desde el gobierno nacional han respaldado la ley. Juan Manzur expresó: “Se trata de 4,5 millones de personas que en la actualidad no tienen cómo hacer valer sus derechos como usuarios y consumidores de un servicio por la falta de una regulación específica".

Cierta oposición en contra

Fue aprobada con 190 votos a favor y 29 abstenciones. El PRO, la Coalición Cívica y los lugartenientes de Francisco de Narváez rehusaron el apoyo pero no tuvieron el valor de oponerse, prefirieron abstenerse a cargar con un voto contrario.

 Gabriela Michetti (PRO) sostuvo que “Esta iniciativa bajará la calidad de atención de los usuarios y de todo el sistema de salud”.

Juan Carlos Morán (CC) expresó que “Nos sorprende de algunos bloques de la oposición, que piensan que la única manera de regular a las prepagas es aceptando el acuerdo entre el radicalismo y el oficialismo”.

Una vez más estos sectores de la oposición, se enfrentan a una medida que beneficia a millones de argentinos, en pos de proteger las ganancias de los grupos concentrados en detrimento de la salud de la sociedad.

El negocio de la medicina prepaga es la gente sana y joven, no los enfermos; y el fin último de estas empresas no es la salud de la población sino el lucro. Es por ello que es necesario que no sea el mercado mediante el libre juego de la oferta y la demanda el que las regule sino el Estado, entendiendo a la salud como un derecho y siendo garante del acceso al mismo por el pueblo argentino. 

 Mariana Kearney